El Acuerdo de Escazú aún enfrenta obstáculos significativos en El Salvador, este no ha sido adherido por el Gobierno de facto actual del poder Ejecutivo, lo que limita su aplicabilidad.

Entre las principales barreras están la falta de voluntad política, la influencia de sectores económicos que consideran el acuerdo restrictivo, y el desconocimiento generalizado sobre sus beneficios entre la población.

Sin embargo, diversas personas defensoras ambientales y comunidades afectadas por problemas socioambientales continúan abogando por su adhesión.

Estos esfuerzos buscan sensibilizar a las autoridades y a la ciudadanía sobre la importancia del tratado para garantizar un ambiente sano.

El Acuerdo de Escazú es una herramienta esencial para proteger el ambiente y garantizar derechos fundamentales en Améric Latina y El Caribe.

Establece medidas para el acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia en temas ambientales, empoderando a las comunidades locales, especialmente a las más vulnerables, como los pueblos indígenas, para defender sus territorios y recursos.

Esto resulta crucial en un país donde los conflictos socioambientales son una preocupación creciente.

El Salvador y la región LAC enfrentan desafíos como la resistencia de intereses económicos que ven el tratado como una amenaza, así como la falta de capacidades institucionales para garantizar su aplicación efectiva.

Estos problemas incluyen limitaciones en recursos financieros, técnicos y mecanismos para promover la transparencia, la justicia ambiental y la participación ciudadana.

Otro obstáculo es el desconocimiento del acuerdo entre la población, lo que reduce su capacidad para exigir su cumplimiento y proteger sus derechos.